A iniciativa de la comisión de Legislación de
El polémico documento fue presentado en noviembre de 2008 por el diputado liberal Elvis Balbuena, y desde entonces su estudio fue aplazado por el plenario debido a las implicancias que podría tener en la incipiente industria de motos que tiene el país.
El proyecto, entre otras cosas, establece que quienes quieran adquirir una motocicleta deberán presentar una solicitud de compra del vehículo en carácter de declaración jurada, indicando nombre y apellido, nacionalidad, estado civil, domicilio, profesión, lugar de trabajo, cédula de identidad, carnet de conducción y cualquier otra referencia requerida por el vendedor.
Una declaración de constituirse o no en donante voluntario, la solicitud de una póliza de seguros de responsabilidad civil contra daños a terceros provocado por el vehículo a ser adquirido y la solicitud de seguro de accidentes personales del conductor y de un acompañante, en una compañía de seguros a su elección, con una vigencia mínima de un año.
En caso de que el comprador se constituya en conductor permanente o temporal del vehículo, la cobertura de las pólizas será intransferible a otros conductores circunstanciales.
Se dispone también que en los casos en que las autoridades competentes detecten la circulación de las motocicletas sin haber dado cumplimiento a cualquiera de las exigencias para su circulación previstas en la ley, dispondrán la inmediata retención de las máquinas y no permitirán la nueva circulación hasta el cumplimiento de las disposiciones legales.
En caso de que el conductor sea el infractor por falta de licencia de conducción, se dispondrá la retención del vehículo, que será retirado por un conductor que cuente con la licencia respectiva, plenamente identificado, con anuencia del propietario.
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