Sospechas de supuesta corrupción vuelven a ensombrecer gestión de la Cámara de Apelaciones

La acelerada y sugestiva medida fue otorgada por la Cámara de Apelaciones de nuestra Circunscripción Judicial y benefició con medidas alternativas a la prisión al ciudadano libanes Joseph Voltra Queiros, quien respondería también por el nombre falso de “Antonio Ramos”, sujeto este que se encontraba detenido a disposición de la justicia por violación de las leyes migratorias de nuestro país.

La información, adelantada por la 570 Amambay AM, en el transcurso de su programación mañanera fue confirmada por el propio agente fiscal encargado de la investigación de dicho caso, el abogado Julián Rodríguez Espínola, quien tampoco ocultó su sorpresa ante dicha situación.

Citando como fuente a la Policía Civil de Ponta Pora, la emisora informó que el referido sujeto tiene orden de recaptura de la Comarca Judicial de Avaré luego de haberse fugado de una cárcel de máxima seguridad de San Pablo, Brasil, donde cumplía una condena de 18 años y dos meses por narcotráfico.

A esto se suma el agravante de que el mismo fue detenido en nuestro medio portando un pasaporte de contenido falso.

En su momento la defensa solicitó la libertad del libanés ante el Juzgado Penal de Garantías a cargo del abogado Luis Alberto Benítez Noguera, quien denegó tal petición.

Esto motivó con que la decisión del magistrado fuera apelada por la defensa, por lo que el tema pasó a la instancia respectiva, la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Amambay, cuyos miembros dieron curso favorable al pedido de la defensa, y otorgaron medidas alternativas a la prisión con una serie de restricciones como la prohibición de salir del país y el depósito de una fianza entre otras.

Se habla de que supuestamente dicho fallo habría tenido como principal argumento unos 40 millones de “indicios favorables”, 20 de los cuales habrían quedado para ser estudiados por los camaristas de turno a manera de “garantía” y por supuesto, al amparo de la Ley, mientras que los otros veinte - se comenta- como supuesto porcentaje de gestión, habrían sido divididos entre un supuesto ex funcionario de Migraciones, y un abogado y corresponsal de un medio capitalino.

Ahondando en su investigación, los conductores de dicho programa informativo , contactaron con el propio titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, abogado Enrique Bachetta, quien solicitó la remisión inmediata de todos los informes referentes a este caso para su estudio.

Se comentó además que esta medida induce a pensar que se está frente a un nuevo y supuesto caso de corrupción judicial, uno más entre los tantos denunciados públicamente, entre otros, por el senador Roberto Ramón Acevedo, quien llegó a comparar el Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero, con un “mercado persa donde todo se compra y todo se vende”.

La polémica generada incluyó al camarista abogado Avelino Ramírez Ruíz, quien, defendiendo a capa y espada la decisión tomada por él y sus pares camaristas, argumentó que la medida se otorgó porque los documentos provenientes del Brasil están en portugués, y que en aquel país el libanés tiene otro nombre, rematando la cuestión con el argumento de que las fotografías también son distintas, llegando incluso a afirmar como conclusión que Joseph y Antonio "son dos personas diferentes”.

Sin embargo la ciencia rebate los argumentos de Ramirez, ya las huellas dactilares que posee la Policía Civil coinciden plenamente con las que le fueron tomadas en Investigación de Delitos al ser detenido en nuestro medio.

Sin embargo para el camarista, abogado Avelino Ramírez Ruíz dichas huellas dactilares “no existen” en la carpeta estudiada, y esto se debe a la propia celeridad con que actuaron los camaristas, no dando tiempo al fiscal encargado de la investigación, en este caso el abogado Julián Rodríguez, a incorporar a incorporar dicho informe técnico.

Cabe destacar que los antecedentes del caso, incluyendo las copias autenticadas de las pericias dactiloscópicas de la Policía Civil brasileña y de la división de Investigación de Delitos de la Policía Nacional serán remitidas como anexo y por separado, al informe que deberá recibir el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados desde la instancia respectiva de nuestra circunscripción judicial.