Finalmente el Ejecutivo promulgó ayer la ley antiterrorista sancionada por el Congreso. Lugo decidió poner en vigencia dicha disposición, pese a las presiones de organizaciones campesinas y de derechos humanos, porque si el Presidente vetaba la ley exponía al país a una severa sanción económica internacional y desafiaba el mandato de las Naciones Unidas (NN.UU.). Desde los ataques de las Torres Gemelas en EE.UU., NN.UU. extendió un mandato a todos sus miembros para que aprueben una ley de castigo al terrorismo.
Casi diez años después de los atentados, Paraguay tiene una ley antiterrorista, que fue muy discutida en las esferas parlamentarias y cuestionada por las organizaciones campesinas. Los sectores campesinos y de derechos humanos no están de acuerdo con la vigencia de la ley porque consideran que criminaliza las luchas campesinas en busca de reivindicaciones, según adujeron.
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