La investigación se basó en el diseño de dos grandes operaciones, una de ellas conocida como “Owari” y otra “Jaque Mate”, desarrolladas durante varios meses desde el año pasado para capturar a los responsables de organizaciones sospechosas de lavar gruesas sumas de dinero provenientes de actividades ilegales en la zona fronteriza del Amambay, involucrando en mayor y menor grado, a empresarios, autoridades gubernamentales y políticos brasileños.
En Pedro Juan Caballero, miembros del denominado “clan japonés”, dirigido supuestamente por Shizuo Uemura, también se vio salpicado en el circuito de las indagaciones sobre ciertas redes que desarrollaban actividades al margen de la ley.
El japonés aparece también vinculado a la explotación de juegos ilegales y a supuestos delitos contra el fisco, según publicaciones de medios brasileños como Campograndenews, Midiamaxnews, Red Globo de Televisión, Portal Vermelho, entre otros, tal cual lo lustra la infografía publicada por el citado matutino asunceno.
Uemura -quien tendría documentación paraguaya así como varios componentes de su familia, con fuertes inversiones en Pedro Juan Caballero, fueron acusados formalmente por la justicia brasileña de montar y mantener por varios años un supuesto esquema de fraudes en los concursos para la provisión de los servicios públicos, específicamente en el área de la salud y los alimentos, apoyados por una extensa lista que incluye a conocidos políticos y ex autoridades gubernamentales.
Un empresario del rubro de los neumáticos, identificado por los brasileños como Antonio Mendieta, quien tiene negocios montados en Pedro Juan Caballero y Punta Porã, es otro de los investigados.
Las operaciones contra las organizaciones fueron desplegadas en Dourados, Campo Grande, Naviraí y Ponta Porã, en Mato Grosso do Sul, y Guaíra y Umuarama, en Paraná.
Pero estos trabajos investigativos de la Policía Federal llegaron hasta la capital del departamento del Amambay, ya que del total de 78 personas investigadas, varias tienen inversiones y actividades económicas conocidas en territorio paraguayo.
Los descubrimientos trasladaron la mira de los federales hacia una serie de empresas y negocios ubicados en Pedro Juan, como un casino, estaciones de servicio, clubes nocturnos, distribuidoras de bebidas alcohólicas y firmas dedicadas a la comercialización de neumáticos.
En ese sentido, uno de los nombres que “saltó” en los seguimiento fue el de Itacir Fernandes Sebbens, quien sería uno de los supuestos directivos del Casino Amambay -hoy Cerro Corá- aunque las acciones figurarían a nombre de Regina Sebbens.
Fuentes policiales de Pedro Juan Caballero señalaron que Shizuo Uemura también estaría vinculado a la explotación del citado casino, que estuvo operando solo con una prórroga actualmente revocada por la titular de Conajzar, abogada Patricia Marchewka.
Esquema de las redes
Las redes dedicadas a blanquear activos manejan esquemas literalmente similares, en cuanto a la operatividad.
La acumulación de efectivo a partir de actividades como el narcotráfico, la venta de armas, el tráfico de explosivos, la piratería, es la primera parte.
El paso siguiente tiene que ver con una red de prestanombres, que tienen a su cargo gastar el efectivo a través de transacciones.
Se adquieren residencias, estancias, vehículos, acciones en empresas.
El patrimonio aumenta en forma considerable y en esta parte entra a activar una delicada intervención de equipos de contadores y abogados, para un eventual blindaje jurídico.
La posterior etapa tiene que ver con las inversiones de los recursos.
En ese periodo se destinan fondos al sector de bienes raíces, la habilitación de casinos, la adquisición de obras de arte, la transferencia de jugadores, loterías, cadenas de estaciones de servicio, entre otras actividades que mueven sumas de dinero en volúmenes.
En este período la estructura criminal debe lograr que migren los activos provenientes de la ilegalidad, a formar parte del negocio lícito. Luego los recursos son ingresados al circuito financiero a través de bancos y financieras.
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