Transcurrido un mes del violento y fallido atentado contra la vida del senador Roberto Ramón Acevedo ocurrido el pasado 26 de abril, poco y nada se ha avanzado en las investigaciones orientadas a tratar de dar con la identidad y paradero de los supuestos autores morales y materiales del mismo.
Las diligencias realizadas para el esclarecimiento del criminal hecho, que le costo la vida a Floriano Alonso Acosta y al sub oficial del GOE Richar Martínez, chofer y custodia respectivamente del parlamentario, hasta el momento se han supeditados a algunos allanamientos anunciados sin mayores resultados y a la imputación de tres ciudadanos aunque sin pruebas contundentes de su presunta participación en el hecho.
La investigación, que contó con las mal aprovechadas facilidades constitucionales que le otorgó el Estado de Excepción, fue iniciada por la cuestionada agente fiscal abogada Lurdes Peña, quien de entrada ya fue recusada y denunciada ante la Fiscalia General del Estado por mal desempeño de funciones por el defensor de uno de los imputados.
A esto se sumaron las agrias críticas contra su labor por parte de la víctima, quien cuestionó que la misma no haya hecho nada para deslindar la presunta responsabilidad de una serie de ciudadanos apuntados por Acevedo como supuestos autores morales y “aportantes” para la consumación del atentado, llegando incluso a mencionar el nombre de un comunicador local quien según Acevedo, días antes del suceso habría estado “adelantando” la noticia de que se iba a perpetrar tal intento criminal y comentando la llegada desde San Pablo del vehículo que se utilizaría.
Dicho comunicador, el colega Egídio Pedra, se presentó ante la fiscala Peña con un profesional abogado para aclarar la situación y negar dicho trascendido y la cosa quedó por allí.
La presión sobre su labor determinó que hace unas dos semanas la citada agente fiscal se desligara del tema, recayendo la responsabilidad de dirigir la investigación sobre el agente fiscal abogado Justiniano Cardozo, quien según sus propias expresiones hasta el momento poco y nada sustancioso ha recibido de parte de los encargados directos de la investigación,
Posterior al suceso, otros datos relacionados al hecho fueron surgiendo. Uno de ellos, el más grave, daba cuenta que el jefe departamental de la Policía Nacional, habría recibido la suma de 50 mil dólares americanos del prófugo Emiliano Rojas, para “despejar” la zona de la terminal de ómnibus donde se realizaría el atentado, supuesta maniobra ésta que habría tenido como enlace entre los citados a un efectivo de la comisaría 1ª actualmente trasladado a Bella Vista.
Esto tampoco por supuesto pudo probarse y quedó también en la nada, más todavía luego del vehemente apoyo dado por el Ministro del Interior Rafael Filizzolla al cuestionado jerarca policial de Amambay.
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